Pimem hace un llamamiento al reformismo

  • Los presupuestos generales de 2018 son poco realistas

  • Las visiones partidistas impiden reformar un sistema que necesita modernizarse

 

Los presupuestos generales del estado de 2018 son una nueva prueba del escaso espíritu reformista que demuestran todos los partidos políticos. Tras un análisis de los presupuestos por parte de Pimem, el presidente, Jordi Mora considera que tras la recuperación económica que está viviendo España es necesario introducir “visiones a largo plazo y un nuevo modelo productivo que ofrezca un reparto más equilibrado”.

Pimem coincide tanto con el Círculo de Empresarios de Madrid, como con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) al considerar que estos presupuestos muestran una idea “claramente expansiva a nivel social pero poco realista”. Apoyarse en una previsión de ingresos “a nuestro parecer algo exagerada” puede condicionar el objetivo de déficit y de reducción de deuda pública.

Tanto el Banco de España, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), como la Comisión Europea han puesto en duda tales datos económicos y no son tan optimistas respecto a la recaudación tributaria estimada por el Gobierno. Una recaudación que apunta a que sería superior a la de 2007 (previos a la crisis). Este hecho preocupa a Pimem ya que desde la institución a punta a que sería más sensato trabajar por unos presupuestos que otorgasen “una mayor estabilidad y certidumbre con estrategias a largo plazo”.

La eficiencia dentro de la administración pública es un punto que a Mora preocupa dado que estos nuevos presupuestos de 2018 están más destinados a las vertientes sociales de nuestra sociedad. “Es positivo apostar por una mejora en la Educación, en el apoyo a las familias, en infraestructuras, justicia, etc. Pero no servirá si no exigimos una posterior rendición de cuentas”.

Poner en marcha una serie de reformas que “transformen nuestro país y lo pongan al frente de Europa en sectores como el social, el económico o el tecnológico” deben ser puntos clave de los presupuestos y deben ser “aceptados por todos los partidos políticos” afirma el presidente de PImem. España requiere de una adaptación no sólo al mundo actual, sino al que está por venir. Sobre todo, si queremos contar con “un sistema que ofrezca igualdad de oportunidades para todos y que sea más equilibrado”.

Desde Pimem se asegura que el Gobierno está perdiendo una buena oportunidad para realizar “una reforma fiscal que mejore la productividad, la competitividad y la estabilidad ante posibles crisis futuras”. El sector de la pequeña y mediana empresa debe ver como se acomete una bajada de impuestos para que así “puedan favorecer a la creación de empleo y a la inversión”.

Pimem ha observado como los actuales partidos políticos está utilizando la debilidad del Gobierno en minoría “para conseguir puntos que sólo responden a una visión partidista y que de ningún modo favorecen al bien de la sociedad española”. Por ello Mora ha querido hacer un llamamiento a la unidad “por el bien común” y por conseguir unos presupuestos “realistas” capaces de mejorar nuestra situación y las futuras.

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Desde Pimem manifestamos que nos mostramos “totalmente contrarios” a la decisión de la Abogacía del Estado de presentar un recurso contencioso administrativo, en representación de la Delegación del Gobierno y el Ministerio de Presidencia y Administraciones Territoriales, frente al acuerdo del pleno adoptado por el Ayuntamiento de Pollença el pasado febrero en el que se aprobaron las bases reguladoras de las subvenciones a empresas que utilicen el catalán como lengua habitual.

Encontramos que la ayuda propuesta por este ayuntamiento “no incumple, de ninguna manera” la norma constitucional sobre la igualdad (en la cooficialidad) de las lenguas de las Islas Baleares, que según la visión de la Abogacía del Estado “sí, se está vulnerando”. Además, coincidimos con el representante de la administración pública de Pollença, Miquel Àngel March, al defender esta ayuda, que en distintos municipios se viene concediendo desde hace ya 20 años, que cuenta con la aprobación social y política y que al parecer “nunca había sido un problema hasta ahora”.

“No podemos permitir que una simple partida, que no cuenta con un presupuesto superior a 5.000 euros, tenga una repercusión tan grave para Delegación de Gobierno” y que sea tildada como una subvención que incumple con el derecho constitucional y que “ataca a la igualdad de las lenguas oficiales de nuestras islas, catalán y castellano”.

La preocupación que algunos partidos políticos están desplegando, durante los últimos años, sobre las lenguas de nuestra comunidad, la consideramos desde nuestra institución “desmesurada e innecesaria”. Pimem coincide al pensar que el único problema que hay, actualmente, entre el castellano y el catalán, es el provocado por estos mismos partidos, que hacen de la educación lingüística, una batalla innecesaria y partidista, para intentar desestabilizar al contrario.

Apoyar y fomentar el comercio a través de nuestra propia lengua, nunca puede ser visto, por los partidos de nuestras islas, como un inconveniente. No debemos cometer el error de percibir este tipo de subvención como un ataque deliberado hacia la igualdad y la estabilidad lingüística. Precisamente desde Pimem creemos que este tipo de actuaciones, por parte de la Abogacía del Estado y de la Delegación de Gobierno, lo único que provoca es un distanciamiento entre los integrantes de nuestra comunidad. “Una fractura que de seguir así puede ser insalvable”.

La igualdad de nuestras lenguas es necesaria para el desarrollo adecuado de las Baleares. Si pretendemos evolucionar y crecer es necesario la adecuada comunión entre el catalán y el castellano como lenguas cooficiales.

Por todo ello, nos mostramos contrarios a las decisiones tomadas desde la Delegación de Gobierno y le solicitamos que recapacite y retire el recurso sobre unas ayudas que lo único que pretenden es fomentar el uso continuo del catalán y de apoyar al pequeño y mediano comercio de las comunidades de las Baleares.

Siguen sin cumplirse la totalidad de los acuerdos pactados con el Govern, el pasado mes de marzo de 2017.

La Delegación General de Movilidad y Transporte de la CAIB “no ha sido capaz de cumplir con los importantes acuerdos pactados con el sector del taxi”. Así lo manifiesta el representante de la Asociación Mallorquina de Trabajadores Autónomos del Taxi (AMTAT-PIMEM), Toni Cladera, que se muestra muy decepcionado con el trabajo realizado por la institución pública, en lo que hace referencia a la implementación del "Acord per a l’impuls del transport públic en bus regular i taxi a l’illa de Mallorca” firmado el pasado marzo de 2017.

Dos puntos en especial son los que “molestan” a la asociación del taxi. El punto número 8 que trata sobre el “desarrollo de una aplicación específica para el sector del taxi” y el punto 12 en el cual se especifica que se creará “una nueva parada en la zona de la estación intermodal de Palma”.

Cladera además, afirma que desde el sector del taxi “en multitud de ocasiones” se le ha ofrecido, a la Conselleria, posibilidades de llevar a cabo la puesta en escena de la aplicación o de incluso utilizar aplicaciones ya creadas para facilitar la tarea a la administración. “Es una vergüenza que durante un año no hayan ni iniciado el proceso para la ejecución de este punto”.

Esta aplicación podría ayudar a controlar el servicio del taxi en los meses de temporada alta, mejorando su calidad y ofreciendo al cliente una rápido traslado y recogida; pero al parecer “esta aplicación, que sólo ofrece ventajas, no les interesa, desde la conselleria, llevarla a cabo” manifiesta Cladera. 

El otro punto que tiene al sector del taxi “alterado” es la parada de la estación intermodal. “Sólo pedimos una pequeña parada para tres o cuatro vehículos y desde el año pasado no tenemos constancia de que se haya iniciado ningún proyecto para su ejecución” relata el representante de AMTAT-PIMEM. 

Desde la reunión del pasado mes de marzo donde los taxistas solicitaron la “realización, de inmediato, del acuerdo firmado en 2017”, la institución pública no ha desarrollado “ningún otro punto que no estuviera hecho” asegura Cladera. Después de que se “comprometieran a su aplicación”, de nuevo los taxistas ven como sus solicitudes “han caído en saco roto”.

“Esto es una muestra más de que gobierne quien gobierne siguen sin cumplir sus compromisos” afirma Toni Cladera, que a la vez se lamenta de que los políticos desaprovechen “estas oportunidades” para demostrar a la ciudadanía que de verdad “realizan un buen trabajo y son fieles a su palabra”.

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